Eliminación de la ley de caducidad

Con fórceps y dudas

SURda

 

Víctor Hugo Abelando

 

Mujica

 

El Ejecutivo y el fa hacen explícitas sus diferencias sobre la ley interpretativa que elimina la caducidad. El gobierno se desmarca y expresa la inconveniencia de su aprobación para el proyecto de unidad nacional que empuja. En la fuerza política temen que algunos movimientos de última hora impidan su sanción en Diputados.

A escasos ocho días de votarse en el Senado el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, son muchos los ruidos en la interna del oficialismo y no parece que la próxima votación en Diputados (la mayoría para aprobar la norma está) laude una discusión que día a día tiene nuevos ingredientes.

Una primera constatación es que hay diferencias entre el Poder Ejecutivo y la gran mayoría del fa respecto a cómo se ha resuelto el tema. Desde el gobierno las señales son discrepantes en cuanto a la ley a sancionar, así como con la concepción que expresa continuar en la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El 17 de abril, en una entrevista concedida a El País de Madrid, el presidente José Mujica manifestó que “hay heridas viejas que desgraciadamente permanecen en alguna gente que integra nuestras sociedades. No les pasa a todos, pero hay gente que tiene ese reclamo” (refiriéndose a la pretensión de conocer los hechos del pasado reciente y de juzgar a sus responsables). Luego agregó: “Como persona, no soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece. Pero esa es mi manera de ser. No se la puedo imponer a mis conciudadanos”. De sus palabras se desprende la intención de que lo mejor sería cerrar esa puerta permanentemente abierta hacia el pasado. Una suerte de dar vuelta la página.

Más allá de esa postura de vida del presidente, su posición refractaria a la aprobación de la ley interpretativa tiene otros componentes, que hacen a su concepción de cuál es el camino político que debe recorrer el país.

Cuando Mujica detalla al periodista los resultantes de la sanción de la ley, recuerda en primer término que “el Ejecutivo rehuyó meterse en esta discusión porque somos presidentes de la nación. De los que nos votaron y de los que no nos votaron”. Y más adelante precisa: “Dijimos desde el primer momento que queríamos construir, en todo lo que se pudiera, unidad nacional. Tuvimos bastante éxito y la oposición está participando como hacía años que no lo hacía. En realidad nos hace un favor, porque nadie nos va a controlar mejor que la oposición. En fin, esta discusión no le hace bien a la unidad nacional y por eso le pedimos al partido que dejara deliberadamente afuera al gobierno”.

A pesar de ello, Mujica ha reiterado que no vetará la ley y que la promulgará porque el Parlamento es “la cosa más representativa que tiene un país”.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha sido ajeno a la iniciativa. En la comisión frenteamplista que trabajó el tema en la búsqueda de la solución legislativa, participó activamente el canciller Luis Almagro. Ese texto fue transformado después de la media sanción de Diputados, cuando se hizo evidente que no contaría con el voto de todos los senadores del fa (tres de ellos habían anunciado que no la votarían tal como estaba redactada) y el proyecto original naufragó antes de llegar al Senado. Luego la historia es conocida, la nueva redacción fue votada el martes 12 y ahora Diputados deberá aceptar las modificaciones introducidas al proyecto por la otra cámara, para transformarlo en ley.

Cuando se conoció el rechazo de los tres senadores frenteamplistas (Jorge Saravia, Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa), el presidente advirtió que la participación de Almagro en la génesis del proyecto había sido a título personal y no del gobierno. De la segunda redacción el canciller estuvo ausente.

MOVIMIENTOS. “El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Participación Popular (mpp) desmiente absolutamente la versión de prensa, publicada en la jornada del domingo 17 de abril, que afirma que esta organización política ‘quiere revisar el proyecto que anula la ley de caducidad' y que sus legisladores solicitarán más ‘tiempo para hacer un nuevo análisis'. Paralelamente respaldamos al diputado Esteban Pérez que denunció haber sido víctima de un operativo de prensa de un medio que utilizó su nombre para sembrar confusión.

El mpp ratifica a través de este medio que sus diputados votarán afirmativamente la normativa aprobada en la Cámara Alta que anula la ley de caducidad.”

El comunicado del mpp responde a una serie de versiones de prensa y otras que circulan dentro del oficialismo según las cuales podría no aprobarse el proyecto interpretativo en Diputados. Incluso en tiendas frenteamplistas se ha señalado, atribuyendo al Ejecutivo esa intención, que la idea es no aprobar la ley antes del 18 de mayo, día en que el Ejército cumple 200 años. El mecanismo para lograrlo sería darle largas al asunto, introducir alguna nueva modificación, etcétera.

La situación no es fácil para “la fuerza que Pepe construyó” y, conocida la opinión de Mujica, el mpp reafirma su intención de votar la ley interpretativa. De ahí que quien aparece como representante, en este tema, de la concepción del presidente, sea la cap-l. No sólo por la actitud de Fernández Huidobro y el pronunciamiento de dicho sector (más allá de acatar la disciplina partidaria), sino también por la postura del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, otro de los dirigentes de la cap-l. Rosadilla, sin decirlo explícitamente y mediante el recurso de que se le recuerden anteriores pronunciamientos al respecto, ha dejado entrever su oposición a la ley interpretativa. Y si bien no ha dicho que vaya a dejar el ministerio, ha sido ambiguo al afirmar que “mientras la ley está en el Parlamento no descarto nada” (La República, ayer, martes).

Los pronunciamientos de los centros militares e incluso de mandos superiores en actividad indican que la ley a aprobar no es de su agrado ni nada que se le parezca.

Varios dirigentes frenteamplistas ven una coincidencia objetiva entre el Ejecutivo y los militares en el cuestionamiento a la ley interpretativa. La interrogante es: ¿debido a qué?

EL FACTOR MILITAR. “A lo largo de estos años hemos conversado muchas veces con los militares y tendremos que seguir conversando otras tantas. Yo le doy mucha importancia al factor militar. No son el motor de la historia, pero suelen ser la puerta que se abre y que se cierra. Una democracia republicana debe cultivar la fidelidad de sus Fuerzas Armadas. Nunca se va a tener la fidelidad de aquellos a los que uno desprecia. Esta es la paradoja. Esta herida que traemos del pasado hace que, subjetivamente, mucha gente de este país esté inculpando a los militares de hoy por los que lo eran ayer. Y esto es un error que cometemos para con el futuro” (El País de Madrid, ya citado).

Esta visión de Mujica sobre la necesidad de incluir a los militares en el avance del proceso democrático no es ajena al pensamiento de la izquierda histórica. Recuérdese el trabajo de socialistas y comunistas (para éstos era la cuarta dirección de trabajo) orientado a las Fuerzas Armadas. Pero esa lógica se entrevera cuando entran otros componentes. Uno de ellos es la visión de parte del mln del pasado reciente y su idea de que fue una guerra en la que, una vez concluida, los combatientes se deben concesiones mutuas. Esa concepción, en opinión de la mayoría de los sectores frenteamplistas, desconoce el terrorismo de Estado y el hecho de que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se cometió contra la población civil, cuando la insurgencia tupamara ya había sido derrotada.

El otro componente cuestionado es la idea de que mediante concesiones es posible alinear a los militares en el proceso. De ahí que el dar vuelta la página y terminar con la impunidad para los que cometieron delitos de lesa humanidad no sea de recibo en la mayoría del fa.

Un último elemento que se agrega a las divergencias son las versiones insistentes sobre acuerdos entre algunos dirigentes del mln (desmentidas por éstos) y los militares para terminar con el tema de los derechos humanos. Los dirigentes tupamaros han admitido (el propio Mujica lo ha hecho) conversaciones con los uniformados. Sin embargo eso, que es una cuestión permanente en el proceso político uruguayo, no lleva necesariamente a la existencia de un pacto. Lo que sí parece haber es una convergencia de intenciones con respecto al pasado reciente. Convergencia a la que se llega desde distintos puntos de partida y que ha estado abonada por una gestualidad que parece darle más importancia al gesto en sí que a los resultados concretos. La intención de liberar a los militares “viejos” que están en Domingo Arena y de no ser verdugo de sus verdugos, enunciada por Mujica al comienzo de su gestión, la visita al general Miguel Dalmao, la renuncia de Fernández Huidobro a su banca y la actitud de Rosadilla son expresiones de una lógica que busca dar señales a las Fuerzas Armadas, diferente a la de otros frenteamplistas empeñados en terminar con la ley de caducidad y llevar a la cárcel a quienes participaron del terrorismo de Estado.

Lo singular en el debate sobre el proyecto interpretativo es que desde el Ejecutivo no se haya hecho hincapié en los aspectos más débiles del mismo (Fernández Huidobro sí lo hizo), como el desconocimiento de dos pronunciamientos populares y que se argumente en función de la unidad nacional y el mirar el porvenir.

El martes se reúne la bancada de Diputados y entonces se sabrá si aparecen o no los movimientos para frenar la ley. ?

Publicado el Martes 19 de Abril de 2011

 

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